Camino hacia un futuro sostenible: Financiamiento y Políticas Públicas para los ODS en América Latina
En la búsqueda de un futuro sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se han convertido en una hoja de ruta crucial a nivel global. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos ambiciosos, es fundamental abordar la cuestión del financiamiento y fortalecer las políticas públicas que aceleren el compromiso de todos los actores involucrados.
En este informe cuali-cuantitativo, entrevistamos a Javier García Moritán, especialista en inversión social privada y examinaremos el panorama del financiamiento de los ODS y analizaremos las políticas públicas necesarias para impulsar la colaboración público-privada y el diálogo multiactoral en la búsqueda de un desarrollo sostenible en Argentina y América Latina.
Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Quién los financia?
Javier García Moritán: La financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representa una encrucijada decisiva, donde por un lado se encuentra la condena de miles de millones de personas a la miseria y el deterioro irreversible del planeta en el futuro, y por el otro, la posibilidad de mejorar significativamente la calidad de vida de esa población y proteger la Tierra para sostener todas las formas de vida.
La “Agenda 2030”, que aborda la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la educación de calidad y la acción climática, entre otros objetivos, está cada vez más cerca en el tiempo, pero sus posibilidades de cumplimiento parecen alejarse. Los Estados, quienes son los responsables formales de su implementación, carecen de los recursos suficientes, incluso si los invirtieran con la máxima eficiencia.
Se estima que se necesita una suma colosal de dinero para alcanzar los ODS, y en la actualidad, esta cifra muestra una brecha de 4 billones de dólares anuales. Superar esta brecha no es factible solo con financiamiento público o incluso sumando a la filantropía global; es imperativo movilizar al capital privado e implementar modelos de inversión que prioricen soluciones para el bienestar global.
De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existen unos 379 billones de dólares como activos financieros globales en manos de bancos, inversores y administradores de bienes. Este estudio señala que tan solo el 1,1% de ese patrimonio (4,2 billones) sería suficiente para cerrar la brecha de financiación de los ODS.
Aquí es donde radica la importancia de dirigir la inversión financiera hacia sectores críticos de la sostenibilidad y promover un enfoque empresarial que ponga el impacto social y ambiental en el centro. En este sentido, considero que diseñar incentivos de bien público (IBP) para movilizar al sector privado es una agenda esencial.
¿Cómo alcanzar la Agenda 2030? ¿Cuáles son las Políticas Públicas que aceleren el compromiso?
Javier García Moritán: Para acelerar el compromiso necesitamos movilizar a todos los actores de la sociedad, es decir no solo a los gobiernos o a las grandes fundaciones del mundo, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas e inversores.
En mi opinión, los incentivos son más eficaces que los castigos en términos regulatorios, ya que promueven una mayor movilización de recursos sostenibles a largo plazo.
Para ello, la agenda de incentivos de bien público (IBP) es fundamental para implementar políticas públicas efectivas que permitan alinear las miradas, intereses y necesidades de las instituciones en una ciudad o región determinada.
De este modo, podemos priorizar la atención en lo que realmente es apremiante para el territorio y facilitar la convergencia de esfuerzos hacia objetivos comunes.
Esta adaptación local de la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una territorialización a medida o un diseño artesanal de misiones que unifiquen a todos los actores en una cruzada colectiva.
El objetivo de estos incentivos es favorecer a aquellas empresas que reconocen su papel como parte del tejido social y que vinculan su desarrollo al bienestar de la comunidad a la que pertenecen. Como bien menciona Stephan Schmidheiny, «no hay empresas exitosas en sociedades que fracasan», lo que destaca la importancia de considerar a las empresas como actores sociales, no solo económicos.
Esta perspectiva nos permite dar un paso adelante hacia una mayor institucionalización y diversidad de actores que buscan el progreso de la sociedad en su conjunto.
¿Qué autores o iniciativas innovadoras recomendarías en este contexto?
Javier García Moritán: La economista Mariana Mazzucato es una fuente de inspiración para mí con su enfoque en establecer grandes objetivos que motiven y unan a todos en su consecución. Siguiendo la analogía de la misión para llevar al hombre a la luna en los años 60, ella aboga por emular esa gesta colaborativa que involucró a múltiples industrias, organizaciones y el gobierno para lograr un resultado trascendental.
Al reconocer la importancia de las misiones en el ámbito público, podemos extender esta eficiencia con participación multiactoral. Es fundamental repensar el papel del Estado, las empresas y la sociedad civil en la promoción de la innovación y el desarrollo.
Siguiendo el ejemplo de la misión Apolo, para “poner al hombre en la Luna” podemos acordar y abordar juntos los grandes desafíos estructurales, como la erradicación de la pobreza, la reducción del calentamiento global y la creación de un contexto colaborativo con alianzas público-privadas para el progreso y políticas que incentiven el mejor involucramiento de todos los actores.
Además de Mariana Mazzucato, valoro otros pensadores internacionales que exploran estos temas, como Michael Sandel, Rebecca Henderson y Robert Reich. A nivel más cercano, también quiero destacar el libro “Desiguales” del argentino Leandro Gasparini, que considero muy relevante.
